COMUNICADO DE PRENSA
La trágica muerte de 16 personas mayores tras el incendio en Pitrufquén ha conmocionado al país, no solo por la magnitud de la pérdida humana, sino por la posterior deshumanización expresada por la hoy ex autoridad del sector salud de la Región, al comparar el cierre de un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) con el de un “vertedero de basura”.
Apoyamos la decisión de la Ministra de Salud de solicitarle la renuncia a su cargo. Desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile señalamos que este tipo de abordajes y retóricas no son simples desafueros verbales: representan un grave retroceso que vulnera la dignidad de la vejez y atenta contra los avances institucionales y normativos que Chile ha construido con esfuerzo.
Nuestro país asumió compromisos categóricos en materia de derechos humanos al ratificar en 2017 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y promulgar el Decreto N°162, instrumentos normativos que consagran el derecho a la vida, a la salud integral y a la residencia en entornos seguros y dignos para esta población. Asimismo, la reciente promulgación de la Ley N°21.822 (Ley Integral de las Personas Mayores) consolidó un cambio de paradigma definitivo: transitamos desde la visión asistencialista y tutelar hacia la garantía plena de derechos y la erradicación del edadismo en todas las esferas del Estado.
Eventos desgarradores como el de Pitrufquén evidencian las fallas estructurales en la fiscalización, regulación y estándares de calidad asistencial en los dispositivos de cuidado de larga estadía. Sin embargo, abordar estas deficiencias sin la debida perspectiva gerontológica y desprovistos de empatía técnica desmantela la confianza en el sistema protector. Las personas mayores en situación de dependencia no son "residuos" ni cargas administrativas; son sujetos de derecho cuya integridad física y moral debe ser resguardada con el máximo rigor ético y normativo.
Para evitar que estas tragedias se repitan, el Estado necesita fortalecer las capacidades técnicas de fiscalización e incentivar la profesionalización del cuidado gerontológico en todo el territorio nacional, frente a lo cual nuestra Sociedad y muchos otros actores deben colaborar. La protección de las personas mayores exige una institucionalidad fiscalizadora interinstitucional, profundamente humanizada, coherente con las leyes vigentes y a la altura de los derechos fundamentales que como sociedad nos hemos obligado a garantizar.
SOCIEDAD DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DE CHILE