Abogada Ángela Arenas participó en seminario organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae de la cual es docente y directora.
Las personas mayores de 70 años no cuentan con protocolos que favorezcan abreviar los procesos en que recaen sus causas, lo que afecta el debido proceso que constituye una garantía constitucional (19 N°3 CPR). Esto se ve reforzado porque no tienen certeza jurídica de su situación procesal, dado que en el 100% de los casos no existe sentencia condenatoria.
En ese sentido, «la carencia o la falta de atención a garantías explícitas en salud en casos de demencia y Parkinson constituye una falta a sus derechos y también atentan a su derecho a la salud y calidad de vida». Así lo señaló Ángela Arenas, abogada, docente y directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae al referirse a los hallazgos y conclusiones del estudio sobre personas mayores con demencia que se encuentran privadas de libertad.
La investigación en la que participó junto al neurólogo de la Universidad de Chile Dr. Patricio Fuentes se aplicó a personas mayores de 70 años que se encuentran imputadas o procesadas en prisión preventiva en cinco recintos penitenciarios de la Región Metropolitana.
El trabajo también contó con la colaboración de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, representada por la Jefa de la Unidad de Derechos Humanos del Departamento de Estudios Nicole Lacrampette.
Todos ellos fueron parte del seminario «El Proceso Penal en Personas Mayores con Demencia en Situación Carcelaria» que se llevó a cabo el 08 de noviembre en dependencias de la misma universidad y donde hubo diferentes ponencias en relación a este fenómeno.